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Cornellà pide al Gobierno Central una reforma de la ley hipotecaria para proteger a las familias insolventes 

24.03.2011

- Los grupos municipales de Cornellà aprueban por unanimidad una declaración pública para que la entrega de una vivienda al banco sea suficiente para cancelar la hipoteca

- Los firmantes instan a que los pisos vacíos que acumulan las entidades financieras sean puestos a disposición de las familias desahuciadas en régimen de alquiler social, sin superar el 30% de la renta familiar disponible

Los grupos municipales de Cornellà han aprobado por unanimidad una declaración pública en la que piden al Gobierno Central una reforma de la regulación hipotecaria, para proteger las familias que se enfrentan a la pérdida de su vivienda. Proponen crear la figura de la dación en pago, de forma que en los casos de la residencia habitual, la entrega de la vivienda saldaría la hipoteca, como en otros países de la Unión Europea o en los Estados Unidos.

Los firmantes consideran anómala e injusta la situación actual que permite a las entidades financieras adjudicarse las viviendas por el 50% del valor de tasación, además de reclamar a los afectados el pago de la deuda restante, los intereses y los costes judiciales.

Además, mediante esta declaración conjunta solicitan aprobar una moratoria o nuevas medidas para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. En el caso de los miles de desahucios ya producidos, exigen que se aprueben con carácter de urgencia iniciativas para que todos los pisos vacíos que acumulan las entidades financieras como consecuencia de los embargos sean puestos a disposición de las familias desahuciadas. Se ofrecerían en régimen de alquiler social y no superarían nunca el 30% de la renta familiar disponible.

La declaración conjunta recoge que en un Estado social y democrático de derecho “es inadmisible que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario; y en cambio, las entidades financieras, en buena parte responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que continúan generando miles de millones de beneficios actuales”.

Los grupos políticos municipales entienden que la regulación hipotecaria es una competencia estatal pero insisten que los ayuntamientos son el primer recurso de las personas en situación límite en busca de ayuda. Consideran que la normativa actual “vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos de Cornellà”. Con el objetivo de mantener el peso de las políticas sociales, el Ayuntamiento creó hace dos años un fondo de contingencia social de 700.000€ para poder abordar las dificultades de la crisis económica. El fondo, como medida de contención, se creó reteniendo un 1,7% del gasto corriente previsto y el 3% de las inversiones.


Cornellà de Llobregat, 24 de marzo de 2011

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