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El Ayuntamiento crea una ordenanza para poder sancionar a los tenedores de pisos vacíos
26/07/2016  Las sanciones pueden llegar a ser de hasta 9.000 euros si los propietarios no proceden a ocupar las viviendas

En el pasado pleno del Ayuntamiento se aprobó inicialmente una ordenanza municipal que permite regular el sistema de sanciones a los tenedores de viviendas vacías (tanto entidades financieras como particulares), siguiendo los criterios que marca la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya. Con esta medida el consistorio da un paso más para hacer frente a la problemática de la vivienda, que se ha visto agravada por la crisis económica con la reducción continua de la renta disponible de las familias, provocando que muchas de ellas no puedan cubrir necesidades básicas como la vivienda. Una realidad que contrasta con la de entidades financieras y propietarios que disponen de viviendas sin uso.

La nueva ordenanza, que debe seguir el trámite administrativo correspondiente para ser aprobada definitivamente, establece el procedimiento para sancionar a los tenedores de viviendas vacías. Si las entidades o propietarios se niegan, el consistorio impondrá sanciones por importe de 3.000 euros en un primer momento, que pudiendo incrementarse hasta los 9.000 euros en caso de no atender a la petición inicial del consistorio.

En el año 2014, el Pleno municipal ya aprobó una moción para penalizar estas actuaciones y desde entonces el Ayuntamiento ha trabajado para detectar los pisos vacíos que hay en la ciudad y ha negociado con los propietarios para que los destine al Fons d'Habitatge de Lloguer Social creado en 2015. A lo largo del año, y mediante el diálogo, se han recuperado 25 pisos que ya se han puesto a disposición de familias desfavorecidas, atendiendo a las necesidades detectadas por parte de los Servicios Sociales de el Ayuntamiento.

En la actualidad en Cornellà hay, según l'Agència Catalana d'Habitatge, 259 pisos vacíos en manos de los grandes tenedores, de los que ya se han inspeccionado 128. Según la valoración técnica sólo 30 de estas viviendas llevan más de 2 años desocupadas, el criterio que marca la Llei de l'Habitatge para poder sancionar a sus respectivos propietarios. Con la aprobación de la ordenanza, el Ayuntamiento quiere sumar nuevas iniciativas para facilitar el acceso a una vivienda digna a personas sin recursos tal como contempla el vigente Estatut de Autonomía en su artículo 26; y que también recoge la Constitución española en sus artículos 47 y 33.

La defensa de la vivienda como derecho constitucional

A través del Acord Social contra la Crisi, el Ayuntamiento prioriza la defensa de una vivienda digna para personas en situación de exclusión social y por ello creó hace dos años la Oficina de Mediación Hipotecaria. Desde el 2013, la Oficina junto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento han atendido un total de 693 casos de desahucios, tanto arrendatarios como hipotecarios, de los cuales 354 se han suspendido (51%). En este sentido, se ha conseguido parar el 52% de los desahucios por falta de pago de la hipoteca, y el 50% en el caso de alquiler. En estos momentos hay 27 expedientes en trámite.


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