El Ayuntamiento de Cornellà sancionará a las entidades financieras e inmobiliarias que mantengan pisos vacíos

Se establecerá una sanción desde 1.000 euros para aquellas entidades que se nieguen a facilitar el acceso social a las viviendas

Durante 2013 el Ayuntamiento ha parado el desahucio de 160 familias a través de la intervención de la Oficina de Mediación Hipotecaria y el departamento de Bienestar Social

Cornellà ya ha empezado a trabajar, buscando el encaje legal y aplicando la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya, en imponer sanciones a los propietarios que mantengan viviendas desocupadas por un periodo superior a dos años y que dispongan de la primera licencia de ocupación que garantiza su uso como vivienda. Según los datos del Ayuntamiento, en Cornellà hay 177 pisos vacíos, pero sólo 18 se encuentran en la situación que marca la Ley para poder sancionar a sus respectivos propietarios.

Por lo tanto, ahora se iniciará el proceso para declarar oficialmente estos pisos vacíos y así poder instar a los bancos a que ocupen estos pisos en un plazo de un mes o bien que los cedan a la administración para que pueda gestionarlos en régimen de alquiler para destinarlos a vivienda social. Si las entidades se niegan, el consistorio impondrá sanciones por importe de 1.000 euros, tal y como determina el artículo 113.1 de la ley 18/2007, y el dinero recaudado se destinarán a evitar la exclusión social de las familias afectadas por los desahucios.

De esta forma, el Ayuntamiento quiere sumar nuevas iniciativas para facilitar el acceso a una vivienda digna que tienen todas las personas y que contempla el vigente Estatuto de Autonomía en su artículo 26 que las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna; y que también recoge la Constitución Española en sus artículos 47 y 33.

En la moción aprobada se pone de manifiesto también la actual situación de emergencia en que se encuentra gran parte de la población y que se está traduciendo en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los municipios, aumentando el grado de vulnerabilidad social de los que se ven abocados a recorrir a ello.

Así mismo, se constata en el escrito la ineficacia de las medidas impulsadas por el gobierno del Estado en este ámbito puesto que dejan sin solución el problema de más del 80% de las familias que hoy están en riesgo de perder su vivienda, con el resultado de miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la Constitución Española tiene que cumplir el derecho de propiedad.

La moción también pide al Gobierno de la Generalitat su colaboración para emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad, dentro del marco de sus competencias, introduciendo las mejoras legales necesarias para facilitar el acceso a la vivienda.

El pleno del Ayuntamiento de Cornellà aprobó el jueves la moción que establece sancionar a los pisos vacíos de la ciudad que son propiedad de entidades financieras y grandes compañías. La moción, presentada por ICV-EUiA se aprobó con los votos favorables de PSC y CiU y la abstención del PP.

La defensa de la vivienda como derecho constitucional

En diferentes ocasiones, el Ayuntamiento ya se ha manifestado en contra de estas prácticas desarrollando acciones como solicitar al Gobierno del Estado la suspensión de los desahucios de las residencias habituales de colectivos en dificultades, la necesidad de reducir las cuotas hipotecarias de las familias afectadas o dar función social a las viviendas vacías.

Así mismo, a través del Acuerdo Social contra la Crisis, el Ayuntamiento de Cornellà prioriza la defensa de una vivienda digna para personas en situación de exclusión social y por este motivo creó hace dos años la Oficina de Mediación Hipotecaria. Durante 2013, la Oficina ha atendido a un total de 261 casos de desahucios, de los cuales el 61% se han suspendido debido a la intermediación mediante la Oficina. En este sentido, se ha conseguido parar el 58% de los casos presentados por carencia de pago de la hipoteca, y el 62% en el caso de alquiler. En estos momentos hay 22 expedientes en trámite.

Cornellà de Llobregat, 3 de febrero de 2014

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