El Ayuntamiento rechaza las prácticas de Endesa de cortar el suministro eléctrico a vecinos por el cambio de contador

El Ayuntamiento de Cornellà rechaza que la empresa Endesa Distribución Eléctrica efectúe cortes del suministro eléctrico a los vecinos de la ciudad que se han negado a la sustitución de su contador por un equipo de telegestión, tal y como ya han denunciado varias personas que se han dirigido a los servicios de Consumo y Eficiencia Energética del consistorio.

Estos cortes se hacen al amparo de la normativa, en concreto del Real decreto 1110/2007, de 24 de agosto, así como de una orden que especificaba que, antes del 31 de diciembre de 2018, las empresas distribuidoras tendrían que haber sustituido todos los contadores de las viviendas del Estado por los nuevos aparatos.

La idoneidad de estos nuevos contadores telegestionats y esta normativa fueron contestadas por la plataforma Stop Contadores, que recibe el apoyo de varias entidades vecinales y municipalistas (Convafc, Favbaix, ACM, FMC, entre otros). Sus movilizaciones y gestiones con el Parlamento de Cataluña propiciaron la aprobación de la Resolución 746/XI, donde se solicitaba que el proceso de cambio de contadores se realizara con las garantías sanitarias y medioambientales legalmente establecidas, de acuerdo con la normativa europea, y garantizando los derechos y protección de los consumidores.

La situación actual es que, acercándose al plazo marcado por la normativa estatal, Endesa Distribución Eléctrica está empezando a realizar cortes del suministro eléctrico a las viviendas que se han opuesto a un cambio de contador, dejando a las familias sin un servicio básico como se la luz.

Desde el Ayuntamiento se considera grave que no se haya valorado por parte del Estado la resolución del parlamento catalán donde se requería garantizar respetar las recomendaciones del Consejo de Europa, sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente así como su impacto en las personas.

Ya en  noviembre de 2016, el pleno municipal aprobó una moción que instaba el Estado y la Generalitat a que tomaran medidas para parar la instalación de los contadores de telegestión, a la espera de una solución satisfactoria a las cuestiones planteadas en cuanto a la protección de datos y la repercusión que pudieran tener para la salud de los ciudadanos.