Cornellà ha realizado 25 actuaciones contra la ocupación ilegal de pisos en los dos últimos años
Cornellà ha realizado 25 actuaciones contra la ocupación ilegal de pisos en los dos últimos años
En lo que llevamos de 2017 ya se han hecho 17 intervenciones, más del doble que el año pasado, lo que demuestra que es una problemática creciente
El Ayuntamiento aprobó una moción el pasado mes de marzo para apoyar un cambio legislativo para poder hacer frente estos casos
La Guardia Urbana de Cornellà ha intervenido en 25 ocasiones en ocupaciones ilegales de viviendas a lo largo de 2016 y lo que llevamos de 2017. Es una práctica en la que ciertas personas, con el fin de especular con la vivienda, ocupan pisos y ilegalmente para realquilar o venderlos y sacar un beneficio económico. En lo que va de año ya se ha actuado en 17 casos, el doble que el año pasado, lo que reafirma que se trata de una problemática creciente.
Además, ante la imposibilidad de tomar medidas por falta de regulación jurídica, sólo se puede detener a los ocupadores en caso de que se les pille forzando la entrada a la vivienda por daños o robo. Los detenidos son reincidentes en esta práctica ilegal. Los 17 casos atendidos durante este año han sido perpetrados sólo por 6 personas diferentes, de las cuales 3 ya realizaron ocupaciones ilegales el año pasado.
Por este motivo, el Ayuntamiento ya aprobó en el pleno de marzo una moción para apoyar la iniciativa de modificar la normativa para recuperar pisos ocupados ilegalmente, en los términos que proponen miembros del Colegioi de Abogados de Barcelona.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil consiste en incorporar un inciso que permita desalojar y recuperar inmediatamente la posesión de una vivienda siempre que sus propietarios (o usufructuarios) sean personas físicas, entidades sociales o administraciones públicas con viviendas sociales. Así, mediante un auto judicial el tribunal podría acordar la inmediata entrega del piso al demandante. Actualmente, para desalojar un piso, es necesario que un tribunal dicte la orden después de un procedimiento judicial que, según las circunstancias, puede alargarse durante meses.
La demora agrava el problema social y además también genera graves conflictos de convivencia con el resto de vecinos, fruto de los métodos violentos e intimidatorios que usan los grupos organizados. Entre las intervenciones de la guardia urbana destaca las agresiones que sufrió una pareja de una de las comunidades de vecinos afectadas.
Cornellà de Llobregat, 5 de julio de 2017
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