Cornellà pide medidas para revisar la regla del gasto, que limita la capacidad de inversión de los ayuntamientos

El Ayuntamiento de Cornellà ha aprobado una moción instando el Ministerio de la Presidencia y Administraciones Territoriales a revisar el diseño y la aplicación de la regla del gasto, aquella que obliga las administraciones locales a reducir su endeudamiento, de forma prioritaria, cuando se obtengan más ingresos de los previstos en el presupuesto. La moción ha sido aprobada con los votos favorables del PSC, Cornellà en comú-Crida per Cornellà, ICVerds-EUiA y el grupo mixto; la abstención de los grupos municipales de Ciutadans y ERC; y el voto en contra del PP.

Según la moción, las indicaciones de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tienen efectos perversos: limitan la capacidad de implementar políticas sociales, e impiden emprender inversiones para mejorar el bienestar de la ciudadanía, incluso en los ayuntamientos que presenten superávit, como es el caso de Cornellà.

Es más, en virtud de la citada ley, el gasto de las administraciones públicas no puede aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, aunque se cumpla el objetivo de déficit, el gasto no puede crecer más allá de un cierto tope; y si crecen los ingresos, es obligatorio destinar el superávit a reducir la deuda, sea cual sea. A lo largo de los años de aplicación de la norma, el techo de gasto es cada vez menor, peligrando el cumplimiento de los servicios mínimos en los municipios.

La moción plantea específicamente proponer al Ministerio que se module la aplicación de la regla del gasto en las entidades locales que tengan sus cuentas saneadas, incorporando otros indicadores como el nivel de superávit fiscal, el cumplimiento de los objetivos de reducción de deuda o el volumen del remanente de tesorería. Así, si en un ejercicio hay superávit, se podría invertir para impulsar, prioritariamente, inversiones o planes de ocupación. Un ejemplo a seguir pueden ser las mejores prácticas internacionales y tener en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo económico.