Cornellà ha realizado 25 actuaciones contra la ocupación ilegal de viviendas
La Guardia Urbana de Cornellà ha intervenido en 25 ocasiones en
ocupaciones ilegales de viviendas a lo largo de 2016 y lo que llevamos de
2017. Es una práctica en que ciertas personas, con el fin de especular
con la vivienda, ocupan pisos ilegalmente para realquilarlos o venderlos y
sacar un beneficio económico. En lo que llevamos de año ya se ha actuado
en 17 casos, el doble que el año pasado, lo que reafirma que se trata
de una problemática creciente.
Además, ante la imposibilidad de tomar medidas por falta de regulación jurídica, sólo se puede detener a las personas que realizan esta práctica en caso de que se los pille forzando la entrada a la vivienda por daños o robo. Los detenidos son reincidentes en esta práctica ilegal. Los 17 casos atendidos durante este año han sido perpetrados sólo por 6 personas diferentes, de las cuales 3 ya realizaron ocupaciones ilegales el año pasado.
Por este motivo, el Ayuntamiento ya aprobó en el pleno de marzo pasado una moción para apoyar a la iniciativa de modificar la normativa para recuperar pisos ocupados ilegalmente, en los términos que proponen miembros del Colegio de Abogados de Barcelona.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil consiste a incorporar un inciso que permita desalojar y recuperar inmediatamente la posesión de una vivienda siempre que sus propietarios (o usufructuarios) sean personas físicas, entidades sociales o administraciones públicas con viviendas sociales. Así, mediante un acto judicial el tribunal podría acordar la inmediata entrega del piso al demandante. Actualmente, para desalojar un piso, hace falta que un tribunal dicte la orden después de un procedimiento judicial que, según las circunstancias, puede alargarse durante meses.
La demora agrava el problema social y además también genera graves conflictos de convivencia con el resto de vecinos, fruto de los métodos violentos y intimidatoris que usan los grupos organizados. Entre las intervenciones de la guardia urbana destaca las agresiones que sufrió una pareja de una de las comunidades de vecinos afectadas.
Además, ante la imposibilidad de tomar medidas por falta de regulación jurídica, sólo se puede detener a las personas que realizan esta práctica en caso de que se los pille forzando la entrada a la vivienda por daños o robo. Los detenidos son reincidentes en esta práctica ilegal. Los 17 casos atendidos durante este año han sido perpetrados sólo por 6 personas diferentes, de las cuales 3 ya realizaron ocupaciones ilegales el año pasado.
Por este motivo, el Ayuntamiento ya aprobó en el pleno de marzo pasado una moción para apoyar a la iniciativa de modificar la normativa para recuperar pisos ocupados ilegalmente, en los términos que proponen miembros del Colegio de Abogados de Barcelona.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil consiste a incorporar un inciso que permita desalojar y recuperar inmediatamente la posesión de una vivienda siempre que sus propietarios (o usufructuarios) sean personas físicas, entidades sociales o administraciones públicas con viviendas sociales. Así, mediante un acto judicial el tribunal podría acordar la inmediata entrega del piso al demandante. Actualmente, para desalojar un piso, hace falta que un tribunal dicte la orden después de un procedimiento judicial que, según las circunstancias, puede alargarse durante meses.
La demora agrava el problema social y además también genera graves conflictos de convivencia con el resto de vecinos, fruto de los métodos violentos y intimidatoris que usan los grupos organizados. Entre las intervenciones de la guardia urbana destaca las agresiones que sufrió una pareja de una de las comunidades de vecinos afectadas.