El TSJC da la razón al Ayuntamiento de Cornellà en el contencioso por la financiación de las guarderías municipales
Esta sentencia clarifica el deber de la Generalitat de Cataluña de cofinanciar estos servicios municipales, que se crearon de acuerdo con un plan autonómico de 2005 para potenciar la primera etapa de la educación infantil (de 0 a 3 años).
Años después, la Generalitat esquivó su compromiso, primero reduciendo significativamente su aportación (de 1.800 euros por alumno y curso, a 1.600 y luego a 1.300 euros), y después dejando de formalizar los convenios con el Ayuntamiento de Cornellà.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cornellà acordó, en sesión plenaria del 25 de septiembre de 2014, requerir a la Generalitat que, en ejercicio de sus competencias y en cumplimiento de sus obligaciones legales, pagara la deuda exigible en entonces, de 826.800 euros, a cargo de la cofinanciación de las guarderías municipales, hasta el curso 2011-2012; y que formalizara los convenios de los cursos posteriores, además de hacer efectivo el pago de las subvenciones que correspondían. En caso contrario, iniciaría la vía contencioso administrativa.
Detalle de la sentencia
La Generalitat nunca contestó expresamente el requerimiento, aunque sí lo atendió parcialmente de facto: un mes después, procedió al pago de la cantidad de 826.800 euros correspondientes al curso 2011-2012.
La sentencia del TSJC de 22 de noviembre de 2017 considera que la Generalitat debe abonar los intereses devengados por esa cantidad, entre el momento que se tenía que hacer efectiva, y el mes de noviembre de 2014, cuando finalmente fue pagada siendo esa cantidad de 5.708,32 euros.
Consideraciones legales i futuras
En base a los mismos fundamentos que condujeron a la interposición del recurso, el Ayuntamiento reclamará ahora a la Generalitat el cumplimiento de sus obligaciones económicas para financiar las guarderías municipales correspondientes a los cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18, más los intereses que correspondan, al amparo de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y en base a los fundamentos de la sentencia.
El TSJC manifiesta que la gestión de esta etapa educativa corresponde a los municipios, pero el caso es que la titularidad de la competencia no excluye que las administraciones superiores, específicamente la Generalitat, queden liberadas de toda responsabilidad financiera.
Red de escoles bressol
Cornellà dispone de 8 escoles bressol municipales, que suman 641 plazas de educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años). En diferentes convenios firmados en los años 2005, 2010, 2011 y 2013 se recogía el compromiso de la Generalitat de financiar estos centros, conjuntamente con las familias y el propio Ayuntamiento. Las aportaciones, entre 2006 y 2012, siempre habían llegado de manera parcial y con retrasos, habitualmente después de haber finalizado cada curso.
La Generalitat redujo de manera unilateral su compromiso inicial, de 1.800 euros por plaza y curso del primer convenio, 1.600 euros y 1.300 euros (año 2013). A partir de este momento, ni siquiera suscribió los convenios que regulan ni aseguran la participación de la Generalitat en la financiación de estos servicios docentes.
Los impagos de la Generalitat han hecho recaer en las cuentas del Ayuntamiento la mayor parte del coste de funcionamiento anual. Subir en proporción las cuotas de las familias pondría en peligro uno de los objetivos de las guarderías, además de proporcionar una educación rica y estimulante, de calidad, en una de las etapas más importantes del aprendizaje y de la vida: la de ser un servicio a disposición de las familias trabajadoras de la ciudad.
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